Por Adriana Ovando
La necesidad de regular al Open Banking o banca abierta, que a su vez se desprende de un ecosistema de mayores dimensiones denominado Open Finance, entendido como el intercambio abierto y seguro de información bancaria entre entidades de distintas índoles, “responde a un mercado creciente de usuarios que desean mejores condiciones de acceso a servicios y productos financieros”, comenta Nick Grassi, Co-Ceo de Finerio Connect, empresa mexicana de finanzas integradas.
Los siguientes países marcan un referente en la creación de líneas de acción reguladas por el Estado para la implementación del Open Banking a través de legislaciones que atienden a las tecnologías financieras:
Colombia
Desde diciembre de 2020, la Unidad de Regulación Financiera (URF) creó un sistema de colaboración entre instituciones públicas y privadas para escuchar las necesidades de ambas partes, así como las de los usuarios.
Por ello, en julio de 2022, se hizo público un decreto para la regulación de la banca abierta, en el cual se habla de los cambios en el panorama financiero y de la nueva dinámica de competencia a través de las tecnologías. El caso de Colombia muestra uno de los desarrollos más completos al contemplar a cada uno de los actores en el panorama fintech.
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Chile
Luego del acuerdo Marco de Captura de Datos publicado en julio de 2022 por la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile (ABIF) y diversas fintech, el cual mencionaba la necesidad de establecer parámetros para la obtención de datos personales a través de permisos otorgados por los usuarios, finalmente, en octubre del mismo año, se aprobó la “Ley Fintech” en la que se establece el empleo del Open Banking a partir de ciertos decretos.
Esta ley tiene como antecedente a la “Ley de Portabilidad Financiera” de 2020 que considera viable el intercambio de productos y servicios entre entidades financieras que reciban el consentimiento de sus usuarios. Esto hace posible que el modelo abierto sea totalmente funcional en el país.
Brasil
A partir de abril de 2019, con base en la “Ley General de Protección de Datos” de 2018, la Junta Directiva del Banco Central de Brasil estableció los lineamientos para la implementación del Open Banking bajo el compromiso de ofrecer seguridad en el sistema financiero a los clientes.
Este decreto propone el uso controles internos para la operación del modelo, al tiempo que abre la puerta a la autorregulación, con el propósito de generar herramientas tecnológicas actualizadas para el ofrecimiento de certeza en el buen tratamiento de los datos de los usuarios. El objetivo de su legislación es mejorar la eficiencia del sistema de crédito y pagos, así como promover un ambiente de negocios más competitivo.
México
Por último, el caso de México muestra similitudes con el de Brasil. En marzo de 2018 fue publicada la “Ley Fintech” que regula en el territorio mexicano a las interfaces de programación cuya meta se encuentre en el ofrecimiento de servicios y productos financieros.
“Aunque esta ley (la de México) es el antecedente de las legislaciones que se desarrollaron en los últimos años en otros países de Latinoamérica, aún tiene muchas deudas con el Open Banking para poder aprovechar sus potenciales beneficios para toda la población”, comparte Grassi.
La Ley para regular las instituciones de Tecnología Financiera en México se basa en el intercambio de datos de los usuarios entre entidades financieras y no financieras, pero aún le compete realizar ajustes precisos sobre gestión de consentimiento y adhesión de las empresas al modelo como garantía de fortalecer la inclusión.
Para el resto de Latinoamérica, el panorama se ajusta poco a poco al nacimiento de fintech que acercan a las personas a nuevas experiencias, prácticas y sencillas, con el mundo financiero. Es por ello que se levantan voluntades políticas que a la brevedad mostrarán regulaciones favorables para cada uno de los involucrados.
Adriana Ovando
Content Manager en G2 Fintech Fund, especialista en temas enfocados con las verticales de open banking, medios de pago y telcobank.