Por Miguel Acosta Cordero
El gobierno de México tiene en marcha una estrategia de transformación digital que consta de diferentes fases, siendo la más llamativa para los medios la relacionada con la plataforma para facilitar trámites gubernamentales, a través del sistema denominado Llave.MX, que consiste en un sistema de auto-identificación digital que permitirá al público realizar trámites en línea en diversas dependencias con un acceso único.
El sistema Llave.MX funcionará para realizar trámites federales que estarán disponibles poco a poco con la finalidad de darles seguimiento desde un mismo lugar, y donde en algún punto, el sistema funcionará también como puerta de acceso a los diversos programas sociales del gobierno.
Sin embargo, más allá del enfoque en materia de eficiencia administrativa, la estrategia de transformación digital incluye otros planes muy ambiciosos en sus siguientes fases, que impactarán la forma en que vemos y accedemos a los sistemas de pagos y a los servicios financieros del país.
En la 88a edición de la Convención Bancaria llevada a cabo en este año, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) del Gobierno Federal, José Antonio Peña Merino, durante el panel denominado “Digitalización y reducción del uso de efectivo en la economía”, dejó ver el camino que seguirá el gobierno a corto, mediano y largo plazo, con la finalidad de implementar su modelo de transformación digital que a la vez impulsa un nuevo ecosistema de pagos digitales. El camino tiene 5 etapas:
- Cobertura y accesibilidad a conectividad
- Disponibilidad de servicios públicos digitales
- Identidad transaccional y escalable
- Mecanismo de gobernanza (de datos personales)
- UPI
Respecto de los primeros dos puntos, el mensaje es en realidad sencillo: sin conectividad accesible, universal y de bajo costo, no hay política digital efectiva. Por ello, se buscará atender esos aspectos con las políticas de gobierno correspondientes.
Ahora, por lo que hace a las etapas 3 y 4, el proyecto del gobierno toca fibras que pueden ser de interés en un ámbito más personal y que nos traen de nuevo al tema del sistema auto-identificación digital: ¿a qué se refiere el gobierno con una identidad transaccional y escalable?
A visión de la ATDT, significa la oportunidad para generar, a través del gobierno, expedientes digitales de los ciudadanos que sean tan completos, que permitan a su vez brindarles acceso a servicios financieros de diferentes niveles según sus necesidades, ya sea que se traten de oportunidades de acceso al crédito desde el gobierno mismo, así como “otras actividades” que vayan de la mano con el sector financiero privado.
Esto significa la capacidad del gobierno para centralizar una integración de expedientes, bajo la premisa de que estos puedan ser compartidos con terceros (p.e. entidades financieras) a solicitud del ciudadano titular de los datos, con la finalidad de agilizar sus procesos de aperturas de cuenta, solicitud de servicios, entre otros. Lo anterior, bajo un principio de gobernanza de datos en donde la información sea compartida únicamente cuando las personas así lo soliciten.
Por ponerlo en términos prácticos, esto representaría la posibilidad de que, en un futuro, alguien que quiera obtener un crédito en una institución financiera y tenga su expediente digital completo en el sistema Llave.MX, pueda instruir al sistema a compartirlo a una institución financiera determinada, para tramitar su apertura de crédito de manera sencilla y ágil, bajo la idea de que la persona ya ha sido debidamente identificada en los sistemas de gobierno. O, lo que es lo mismo, una colaboración en el proceso KYC de las entidades financieras, en manos del gobierno.
Como sabemos, las siglas en inglés KYC (Know Your Customer) hacen referencia a los procedimientos de identificación y conocimiento del cliente que todas las entidades financieras deben llevar a cabo de manera minuciosa para prevenir actividades ilícitas y salvaguardar la integridad financiera, procesos que su ejecución en el caso de las empresas Fintech representan un gran desafío por su naturaleza digital y por el marco regulatorio que deben cumplir en materia de PLD/FT (Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo).
Y aquí es donde una serie de preguntas se empiezan a acumular: ¿Los datos de las personas estarán almacenados de manera segura? ¿La identificación del sistema Llave.MX cumple a cabalidad los requisitos en materia de PLD/FT? ¿Las entidades financieras podrán deslindarse de responsabilidad por la integración de los expedientes de las personas que reciban por parte del gobierno? ¿Las entidades financieras serán obligadas a renunciar a sus procesos de KYC para dejarlos en manos del gobierno?
En lo que hace a la consulta sobre el almacenamiento de información, el proyecto de transformación implica mucha responsabilidad en materia datos por parte del Estado, en donde la propia ATDT tiene claro que no puede depender de proveedores de servicios de terceros para el almacenamiento de esta información, por lo que ya se llevó a cabo la construcción de un centro de datos en Aguascalientes y se construirá uno nuevo en Tulancingo, Hidalgo.
En lo que respecta a las otras interrogantes, a la fecha del presente artículo aún no se ha revelado de manera pública la fotografía final de esta estrategia, por lo que no podemos determinar si lo que se busca es que el gobierno participe como un mero colaborador en el acceso de los servicios financieros para las personas o, si aspira a ser el eje centralizador de todo proceso de identificación de las entidades financieras, lo que traería otras preocupaciones y preguntas.
De lo que sí tenemos más claridad por ahora, es la intención del gobierno, en un mediano plazo y como parte de la etapa 5 de la estrategia, de construir una Interfaz de Pagos Unificada (UPI) donde se buscará contar con una infraestructura de pagos abierta, interoperable y con tarifas mínimas, replicando el caso de India donde el Estado, junto con el Banco Central, construyeron una infraestructura de pagos que ha logrado al día de hoy que el 65% de sus transacciones se realicen de manera digital, motivando que incluso el comercio informal utilice esta infraestructura.
Como podemos observar, el acceso a servicios financieros digitales en México pronto mostrará cambios, en donde el gobierno ha levantado la mano para jugar con un rol más participativo. Si bien aún no tenemos la imagen final de este rompecabezas, no debemos perder de vista el análisis de cada pieza que irá saliendo de la caja, para poder entender a tiempo qué paisaje estaremos construyendo en los próximos años en el sector financiero y tecnológico.
Miguel Acosta Cordero
Maestro en Derecho de las Empresas por la Universidad Anáhuac y en Administración Pública por el INAP. Head of Regulatory and IT Affairs en MoonCloud LegalTech.
