Por Brenda Zayola
Cuando pensamos en inclusión financiera, automáticamente vienen a nuestra mente aquellas personas que no están bancarizadas. Datos de la CONDUSEF señalan que el 97% de la población adulta en el país (77.6 mil personas) tiene posibilidad de acceder al sistema financiero, sin embargo, solo el 56% (39.4 millones) usan algún tipo de producto financiero, y el otro 27.5% (19.3 millones), son usuarios del crédito formal.
La inclusión financiera, no solo para México, ha sido un reto por la existencia de fallas de mercado como asimetrías de información (sucede cuando no contamos con la misma información que otros, sobre un producto o servicio en compraventa), selección adversa (cuando seleccionamos un producto o servicio, sin contar con la misma información que el vendedor) y riesgo moral (cuando una de las partes no puede observar el comportamiento de la otra, por ejemplo: una persona que contrata un seguro de vehículo, puede ser menos precavida y el agente de seguros no puede observar ese comportamiento).
En muchos países, si no es que casi todos, se han establecido políticas públicas dirigidas a reducir la brecha de la inclusión financiera e, incluso, a establecer índices que permitan medir y alcanzar determinadas metas en temas globales que van más allá del ámbito financiero como, el combate a la pobreza y la promoción del desarrollo inclusivo. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), las acciones de política de inclusión financiera impactan en varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por las Naciones Unidas, como el fin de la pobreza, hambre cero, igualdad de género y crecimiento económico. Asimismo, la CEPAL reconoce que la inclusión financiera, por definición, considera las realidades del consumo local y nacional, además de adoptar un enfoque impulsado por la economía local y circundante, al mismo tiempo que se vincula a la economía mundial a través de temas como el de las remesas.
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Diversos estudios han demostrado cómo la inclusión financiera ayuda al bienestar de la población. En un estudio realizado en Sudáfrica, Karlan y Zinman (2010) mostraron cómo la tenencia de productos financieros permite incrementar el bienestar, encontrando que las personas que obtuvieron un crédito lograron una mejora en autosuficiencia económica y alimentación. Otro estudio, realizado entre los acreditados del programa Compartamos en México (Angelucci, Karlan y Zinman, 2013) señalan que “los resultados describen un panorama generalmente positivo de los impactos medios de la ampliación del acceso al crédito en el bienestar: disminución de la depresión, aumento de la confianza en los demás y aumento del poder de decisión de la mujer en el hogar”.
Cabe aclarar que la inclusión no solo se trata de la posibilidad de tener acceso al sistema financiero, sino a que exista la infraestructura necesaria para que la gente acceda a dichos servicios, y al mismo tiempo, cuenten con las capacidades suficientes para utilizarlos. Esto es, si aún tenemos zonas en el país como en el Sureste (Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán), así como el Suroeste (Chiapas, Guerrero y Oaxaca) donde hay menos conectividad, será imposible alcanzar las metas para la reducción de esta brecha.
Hoy sabemos que la tecnología ha sido un aliado para acelerar el acceso de la población al sistema financiero y que, durante la pandemia, muchas personas tanto individuos como empresas se vieron obligados a adoptarla rápidamente e innovar. En 2020, según INEGI, se observó de los usuarios que se conectan a internet mediante su celular inteligente (Smartphone), tuvo un aumento de quienes se conectan sólo por Wi Fi (de 9.4% en 2019 pasaron a 13.7% en 2020.), y 9 de cada 10 usuarios de teléfono celular, cuentan con Smartphone, el crecimiento en este indicador fue de 3.5 puntos porcentuales (de 88.1% a 91.6%).
En esta línea, las Instituciones de Tecnologías Financieras (Fintech) han surgido como una opción innovadora que facilitan el uso de la tecnología, brindan nuevas soluciones para el sector bancario y de servicios, y contribuyen a generar competencia en el sector.
Este reciente ecosistema de startups basadas en la tecnología, ha venido a facilitar el uso de servicios financieros en todo momento, sin comisiones y desde cualquier localidad, y que ahora, forman parte de la apuesta para la reducción de la inclusión financiera.
Estas Fintech han traído consigo una revolución, no solo tecnológica en cuanto a adaptación, aprendizaje, capacidades y habilidades, en diferentes segmentos de la población y edades, sino un cambio en la forma de hacer negocios y obtener los servicios. Este acelerado incremento de startups y la llegada de servicios financieros tecnológicos e innovadores, motivado aún más por la pandemia COVID-19, se ha sostenido gracias al impulso de las inversiones en las Fintech, por el marco regulatorio favorable que existe en México y por la rápida adopción y uso de la tecnología entre la población.
En el país, según Finnovista, se tienen 512 startups activas en 2021, y en comparación con 2020, tuvieron un crecimiento de 16%. De igual forma, el porcentaje de startups Fintech que atienden al sector PyMe representa el 28%, lo que significa que hay mucho más por hacer, incluso ahora que programas del gobierno que apoyaban a este mercado han desaparecido.
De esta manera, las Fintech además de ser una solución innovadora para acceder al sistema financiero, ahora también son parte de la política de inclusión financiera del país y a las cuales podemos considerar como un aliado que hará realidad la posibilidad de acceso al sistema financiero de los 54% de las personas que aún no tienen algún producto financiero. De acuerdo a Global Findex, en 2017, el 51% de la población familiar de América Latina y el Caribe tenía una cuenta en una institución financiera formal, mucho más baja que el promedio de Asia Emergente (78%) y el grupo de economías avanzadas (96%).
Varios países de América Latina y el Caribe, como Haití, Nicaragua, El Salvador, Paraguay y México, muestran niveles de penetración de cuentas como los del África subsahariana, región que agrupa a los países más pobres del mundo. Aunque no necesariamente, la inclusión esté vinculada con la pobreza de los países, si habla de factores que inciden en las brechas, como la informalidad, excesivos requisitos de documentación para abrir cuentas bancarias, baja penetración productos financieros, deficiencia de servicios de información crediticia, baja capacitación y educación financiera, por mencionar algunos.
En este contexto, las Fintech son clave y aparecen como una solución que promete aumentar la inclusión financiera, además de generar una sana competencia, innovación en los servicios y de la atención al público, así como transformar al sector financiero.
Aunque la reducción de la inclusión financiera no solo depende de las Fintech, también hay otros campos en los que se debe trabajar para contribuir a una mayor inclusión como el uso adecuado de los servicios y productos financieros. Y por esta razón, es importante la educación financiera, la cual es clave para utilizar eficientemente los servicios financieros y proteger a los usuarios.
En este sentido, los servicios de las Fintech referentes a incrementar la inclusión y mejorar la salud financiera de los mexicanos, datos de Finnovista señalan que, la mayoría contribuye a partir de facilitar la identificación y acceso a productos financieros más adecuados (56%). Este dato es especialmente relevante si consideramos que en la Política Nacional de Inclusión Financiera de México señala que solo el 29% de la población compara los productos financieros antes de su contratación, en 2018.
Por ello, es importante que en la medida en la que se capacite mejor a los usuarios de estos servicios, las Fintech podrán incrementar su participación y generar mayor competencia. Es importante que las Fintech también se sumen a las acciones de la educación financiera de manera innovadora para que se aprovechen de una mejor manera los servicios que estas ofrecen.
Aunque las Fintech tienen un gran aporte en la inclusión financiera, las facilidades regulatorias, el despliegue de infraestructura y una mejor capacitación financiera, principalmente, permitirán avanzar en las metas de inclusión financiera nacional y generar el crecimiento y desarrollo en el sector e impactando en el bienestar de la población en general.
Brenda Zayola
Licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con maestría en Responsabilidad Social por la Universidad Anáhuac. Diseñadora de programas de capacitación en educación financiera e incubación de negocios y consultora independiente.