Por Noel Aguilera
Todos usamos la tecnología día a día, desde el momento en que nos levantamos está un teléfono inteligente involucrado, durante el día utilizamos el mismo dispositivo para comunicarnos, ya sea por llamadas o texto, revisamos redes sociales, hacemos reservaciones de vuelos, hoteles y restaurantes, y por supuesto, hacemos transacciones bancarias a través de nuestro teléfono inteligente.
La realidad es que, durante el inicio de la pandemia nos vimos obligados a trabajar muchos de nosotros de forma remota, hacer trámites de forma remota, no por nada todo el mundo (literalmente hablando) se vio obligado a replantearse la manera de trabajar, así como de atender a sus clientes y usuarios en cuestión de meses para lograr que el mundo siguiera su curso, así como las economías.
Las autoridades mexicanas regulatorias del Sistema Financiero Mexicano, hablando en específicamente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ya habían previsto – previo a la pandemia- en sus respectivas Disposiciones de Carácter General, pusieron a disposición de las Entidades Financieras mecanismos para una oferta de productos y servicios haciendo uso de integraciones digitales en los procesos de intermediarios financieros, en donde facilitan a las Entidades, el poder identificar a sus clientes y/o usuarios de manera completamente remota, permitiendo tener aplicaciones móviles o páginas web, en donde cumpliendo con ciertas funcionalidades y característica garanticen la operatividad y seguridad de las transacciones y de los datos transmitidos por la red.
Las autoridades mencionadas con anterioridad en el proceso de emisión de las Disposiciones de Carácter General, han dado las facultades legales para que se puedan ejercer con plenitud integraciones digitales completas, así mismo, esperaban que los actores en los temas de intermediación financiera se sumarán a esta iniciativa que facilita la identificación como punto número uno, en segundo la inclusión financiera, y en tercero poder tener mayor penetración en el mercado al que se encuentran dirigidos, sin embargo, los procesos para una correcta integración digital para las Entidades Financieras les han sido complicados por ser robustos, por lo consiguiente son largos y no necesariamente baratos.
Muchos jugadores del sector Fintech han estado formados en la línea de la autorización para operar como tal, en donde han tenido que cumplir con un sin número de obligaciones, tanto de Prevención de Lavado de Dinero como de tecnología y operatividad, llevando a sus fundadores y a los expertos que los asesoran a desafiarse continuamente para poder cumplir con lo que se solicita, desde cosas ya consideradas sencillas como lo es una identificación del cliente, hasta temas complicados como lo es conectividades mediante APIs, proveeduría de servicios de validación, autenticaciones biométricas entre otros.
Derivado de lo complicado de una autorización, algunos jugadores han optado por operar como tal sin autorización, realizando operaciones que les son exclusivas y restringidas para este sector, pero han enfrentado cancelaciones prácticamente inmediatas, eso sin contar las multas administrativas aplicables.
El reto principal de los reguladores es garantizar por un lado que las empresas Fintech cumplan con la normativa en términos de las Disposiciones de Carácter General aplicables a su sector, y por otro lado, que los contratos se ejecuten a cabalidad, esto último teniendo a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros como árbitro; desde el punto de vista de conocedores del tema, uno de los primeros pensamientos que pueden brincar es “Los reguladores están haciendo las cosas demasiado complicadas”, pero no debemos de olvidar que en gran medida, esto genera confianza tanto al usuario de una Fintech como a los jugadores del sector y al Sistema Financiero completo, no podemos permitirnos que en un ecosistema tan bondadoso como lo es el Fintech, plagado de innovaciones en productos y servicios participen Entidades que no cumplan con los requerimientos mínimos establecidos, porque teniendo un sector regulado, que cumple, podemos garantizar en gran medida el correcto desarrollo del Sistema y que los recursos de los particulares estén debidamente protegidos.
Los reguladores han puesto las reglas, difíciles o no cuestión de óptica, pero las han puesto para crear competencia y certidumbre, todo está en que, el ecosistema las quiera adoptar y entienda que finalmente es para beneficio común, no olvidemos que una Fintech, permite tener presencia virtualmente en todo el país con el simple hecho de tener un dominio en internet o contar con una aplicación descargable para su teléfono; los números no mienten, cerca del 75.1% de la población cuenta con un teléfono celular inteligente y aún hay mercado disponible, puesto que el 45% de la población en nuestro país apenas está bancarizada.
Pareciera que es una idea que no tiene mucha duda respecto a que si es buena alternativa de operar de manera 100% digital, puesto que los números dan, tanto en probable penetración de mercado como de población que cuenta con un teléfono inteligente, lo complicado es, llegar a las grandes ligas y hacerlo bien.
Tanto Comisión Nacional Bancaria y de Valores como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, han demostrado estar ahí para las Entidades de intermediación, tanto en pláticas, congresos, mensajes, correos e incluso llamadas, han dejado las reglas bastante claras en donde sólo basta seguirlas, acatarlas y aceptarlas a cabalidad, para con esto, poder ofrecer canales de comercialización novedosos todo en un marco de normatividad (robusta sí) pero necesaria.
Noel Aguilera
Miembro del Consejo y titular de Relaciones Públicas ASOFICH A.C. Certificado ante CNBV. Maestro en ingeniería en economía y finanzas. Egresado de la Universidad La Salle.