Por Miguel Acosta Cordero
“Las Fintech tienen el potencial para transformar el sistema financiero, no obstante, actualmente existen obstáculos estructurales, conductuales y regulatorios a la competencia en el sistema financiero mexicano”.
Con ese nivel de discurso, la Comisión Federal para la Competencia Económica (COFECE), a través de su Dirección General de Estudios Económicos, presentó al público1 los resultados del estudio denominado “Estudio de Competencia y Libre Concurrencia en los Servicios Financieros Digitales”, publicado en el mes de octubre de 20242. En este estudio, se puso bajo la lupa de la competencia al sector de los servicios financieros digitales, analizando sus tres principales mercados: ahorro, crédito y pagos.
La discusión acerca de la competencia entre la banca tradicional y las empresas Fintech ha sido extensa en los últimos años y hemos escuchado en diferentes oportunidades el famoso reclamo por un “piso parejo” en el sector. Por tal razón, este estudio de la COFECE, como observador imparcial en la discusión, es bien recibido y y proporciona valiosa claridad con una serie de argumentos que convergen en 7 vertientes y 21 recomendaciones, de las que a continuación hago enfoque en las 5 más relevantes, a ojos de la propia Comisión:
Regulación proporcional al riesgo.
En esta vertiente, la COFECE se refiere al reto que representa la alta dispersión regulatoria, donde cada tipo de entidad (bancos, SOFIPO, IFPE, IFC, SOCAP, Sofom, sociedades no financieras) aunque realizan actividades similares, cuentan con su propia ley, circulares y disposiciones secundarias. Esto dificulta la proporcionalidad en la regulación del riesgo entre entidades, resultando en complejidad en el cumplimiento regulatorio para los oferentes de servicios y la confusión para los consumidores.
Algunos casos de esta desproporción que identifica la Comisión son:
- El empleo de las SOFIPO por parte de las Fintech: exige altos requisitos regulatorios en materia prudencial, pero con pocas actividades autorizadas.
- La obligación de las IFPE: Estas deben contratar servicios de doble nube para minimizar riesgos operativos y geopolíticos, lo que genera altos costos de cumplimiento.
La COFECE recomienda evaluar la transición a un marco normativo que combine la regulación basada en entidades y servicios, así como revisar los requisitos injustificados en entidades con poco riesgo sistémico.
Costo de tiempo para el cambio de los consumidores.
Esta vertiente se refiere a la complejidad para los consumidores que desean realizar un cambio en sus servicios financieros, para pasarse a los servicios de otra entidad.
Leyendo entre líneas, podemos detectar que la COFECE crítica a las cuentas de nómina bancarias a través de las cuales los bancos concentran a gran parte de las personas con empleo formal. Esto se convierte en su primer punto de contacto ante el sistema financiero mexicano, bajo la excusa de que abrir una cuenta de nómina conlleva la garantía de la figura de la portabilidad de nómina para el caso de que deseen cambiarse a otra entidad. Sin embargo, una vez que el trabajador tiene su cuenta de nómina, el banco le vende otros productos paralelos (como una tarjeta de crédito o un crédito de nómina) de tal forma que, si el cliente opta por la portabilidad, la cuenta seguirá activa ligada a dichos productos.
La COFECE advierte que se debe permitir que otras instituciones, como las SOFIPO o las IFPE participen en el mecanismo de portabilidad de nómina, para que aprovechar su potencial en la inclusión financiera. Por otra parte, sugiere que se estandarizar los procedimientos de cancelación de los productos financieros más comunes.
Corresponsalías y comisionistas.
Actualmente, existen pocos puntos de contacto para la población con terceros que apoyen la contratación de servicios financieros digitales como corresponsales o comisionistas. En comparación con otros países como Brasil o Colombia, México se ha quedado atrás y las recomendaciones al respecto son muy claras:
- Se deben simplificar los requisitos para corresponsales y comisionistas.
- Se debe permitir a las IFPE participar como corresponsales digitales de otras entidades financieras.
- Se debe generar la regulación para que las fintech puedan ofrecer sus servicios a través de corresponsales digitales, como ya sucedió con las instituciones de crédito.
Información a los consumidores.
La COFECE utiliza esta vertiente para señalar que muchas de las denominadas fintech que otorgan créditos al público, son, en realidad, empresas regulares que no están sujetas a supervisión. Esto ha provocado una clara asimetría entre el conocimiento que tiene el consumidor sobre las empresas que otorgan créditos y el conocimiento que tienen las empresas acerca de los clientes, en donde las tecnologías juegan un papel relevante para que los clientes otorguen a las empresas una gran cantidad de datos personales, incluyendo biométricos.
Al respecto, la recomendación de la COFECE es que se amplíe la difusión de los padrones de instituciones financieras de la CNBV y Condusef, y se generen incentivos para que las empresas que otorgan créditos se registren en estos padrones.
Régimen de finanzas abiertas
En esta vertiente, la COFECE retoma uno de los principales pendientes Fintech, que es la ausencia de la regulación secundaria en materia de banca abierta. Esta falta de regulación impide la innovación de nuevos servicios que aprovechen datos agregados y transaccionales, además de reforzar la posición ventajosa de los bancos tradicionales, que mantienen el control de la información de los usuarios.
La recomendación es clara: se exhortar a la autoridad reguladora a emitir estas disposiciones secundarias, considerando los principios de competencia y promoción de la innovación.
Conclusión
Como podemos observar, la COFECE ha tomado una gran iniciativa de abordar estos problemas que ha ido acumulando el sector. Ahora solo queda esperar la la respuesta de las autoridades correspondientes para tomar nota y actuar conforme a estas recomendaciones.
Es de importancia señalar que, a la fecha en que se escribe el presente artículo, la COFOCE como institución es objeto de reformas que presentan riesgos aún inciertos. Sin embargo, estos esfuerzos demuestran que su guía como balanza en materia de competencia es de mucha utilidad para las empresas, así como para los consumidores.
Miguel Acosta Cordero
Maestro en Derecho de las Empresas por la Universidad Anáhuac y en Administración Pública por el INAP. Head of Regulatory and IT Affairs en MoonCloud LegalTech.
